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martes, 25 de marzo de 2008

Acuerdo Para el Desarrollo del Transporte Insular Integrado


INFORMES SOBRE LOS DOCUMENTOS

“ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INSULAR INTEGRADO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA – OCTUBRE DE 2005”
Y
“PROYECTO DE COORDINACIÓN LÍNEAS-TARIFAS EN EL DISTRITO VIII-IX”

3 y 13 de diciembre de 2007

Ricardo Ramírez Sánchez

INFORME SOBRE EL DOCUMENTO DE
“ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INSULAR INTEGRADO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA – OCTUBRE DE 2005”

Con referencia al documento “ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INSULAR INTEGRADO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA – OCTUBRE 2005” se informa lo siguiente:
1. El enunciado del documento no se corresponde con lo en él desarrollado. No es un estudio para “el desarrollo del transporte insular integrado en la Isla de Gran Canaria” sino algunas medidas a tomar que pudieran formar parte un estudio de esas características.
2. Todo el redactado de este documento actúa como herramienta para justificar no ya el transporte integrado en la Isla de Gran Canaria, sino las posiciones y ventajas de la operadora Global en contra de los intereses legítimos de Guaguas Municipales, S.A. Sirvan como ejemplo de ellos los siguientes:
a) “la urbana, con itinerarios de “callejeo”… y la interurbana o metropolitana, con itinerarios en viales amplios penetrando en la ciudad” (pág. 1/15)
b) “Guaguas Municipales no circulará por viales interurbanos a no ser que sea estrictamente necesario y GLOBAL no instalará en el interior de la ciudad más paradas que las aquí descritas en sus viajes de penetración a no ser que se generen nuevos puntos de atracción que justifiquen el acceso directo de los viajeros de GLOBAL…”(pág. 4/15).
c) La propia sintaxis del documento no trata a las dos operadoras con el mismo respeto, pues mientras a Guaguas Municipales le asigna una “vocación urbana de una empresa (callejear)”, a Global la define como “de vocación interurbana o metropolitana” (pág. 8/15)
d) Por último en casi todas las ocasiones en que se refiere este documento a Global, su nombre aparece en mayúsculas, mientras que siempre Guaguas Municipales, aparece en minúsculas, con un estilo que, consciente o no, parece aceptar la dicotomía de SUPERIOR/inferior.

3. En este documento se relacionan los itinerarios y puntos de paradas de las distintas penetraciones de Global en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde aseguran que la “situación consolidada” es la que refieren, pero lo que realmente se intenta por parte de ese operador es “legalizar” por medio de este documento todos los itinerarios y paradas de sus penetraciones en la ciudad, que no en todos los casos han sido autorizadas, sino provienen mas de situaciones de facto y de “hechos consolidados” que los posibles títulos, contratos o autorizaciones municipales que pueda tener esa operadora. Además nunca se ha compensado a Guaguas Municipales, ni por parte de esa operadora o de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, por las lógicas perdidas de viajeros que ocasiona toda penetración en el casco urbano, cosa que se hace en todas las ciudades.
4. En el apartado IV. “Plan de Coordinación de los servicios etc.” se relacionan distintas descripciones de la problemática actual, disfunciones existentes, actuaciones a realizar, actuaciones previas y criterios de asignación de nuevos servicios. Fundamentalmente es una relación de líneas las cuales se suprimen o se modifican sin ningún estudio ni algún dato objetivo de oferta y demanda y de índole económica que lo acompañe y por ello lo justifique, con lo cual existe el peligro que sea Guaguas Municipales la operadora que al cambiar o suprimir parte de sus líneas quede en peor condiciones de servicio y económico.
5. Además, este documento llega a proponer “que el cometido natural de Guaguas Municipales es el de resolver las necesidades de movilidad de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria que tengan su origen y destino dentro de la trama urbana de la ciudad”. Es decir que Guaguas Municipales ha de tratar de distinta manera a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, dependiendo de su ubicación en la geografía urbana y no de su condición de ciudadanos de esta Capital. Deberíamos entonces, y basándonos en este argumento, aceptar que un ciudadano que viva en Triana tiene más y mejores servicios municipales que uno que viva en el extrarradio, o que a éste se le penalice por su no pertenencia a la “trama urbana”.
6. De aceptarse este documento se iría en sentido contrario al de considerar a la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como un todo en los servicios municipales al ciudadano, y en el caso particular del servicio regular urbano de transporte colectivo, serían segregados los vecinos en al menos dos categorías, que atendiendo a su lejanía o no del centro de la ciudad, podrían utilizar para sus desplazamientos la empresa municipal de transporte de viajeros, con sus ventajas en cuanto a tarifas sociales, líneas y recorridos u otra empresa no municipal con distintas tarifas, y lo que a mi juicio es más discriminatorio: el propio objeto social de cada una de ella, pues mientras está claro el objeto social de Guaguas Municipales, S.A. al ser fundada y participada únicamente por el Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el fin único y exclusivo de servir a sus ciudadanos, en otra empresa privada, sea cual sea su forma societaria, que evidentemente obedece a sus propios intereses.
7. Por razones de ámbito de concesiones, ya sean legales, históricas o de otro orden, en la actualidad se da el caso de ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria discriminados en los viajes en guagua dentro de su propia ciudad. Ejemplo de ello son los estudiantes que no pueden utilizar el abono de estudiantes para acceder a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y deben pagar más caros sus desplazamientos hasta el centro universitario de Tafira.
8. Se argumenta el interés del mejor servicio a los habitantes de Gran Canaria para aceptar que cualquier viajero de ciudad o pueblo pueda, sin transbordos, llegar a los centros más importantes comerciales, de servicios o de gestión de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos totalmente de acuerdo con ello, pero debería reflexionarse sobre este interés cuando por parte de la otra operadora y dentro del propio término municipal impide que Guaguas Municipales haga estos servicios. Es difícilmente aceptable que a los viajeros de la parte teldense de Jinámar puedan acceder con líneas de penetración en guaguas de la otra operadora hasta la Estación de Guaguas del Parque San Telmo y, por ejemplo, Guaguas Municipales no pueda poner una nueva línea de guaguas desde el Hospital Juan Negrín a la zona de Jinámar que pertenece al término municipal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
9. Se razona que por la lejanía al centro urbano y por ello le dan categoría interurbana o metropolitana a algunas vías de barrios alejados, deberían ser cubiertos sus servicios por la empresa interurbana. Este criterio podría ser muy perjudicial en el futuro para los servicios de Guaguas Municipales, pues se deja en manos de la otra operadora las futuras zonas de crecimiento de la ciudad. Piénsese que si un acuerdo como el que se propone hoy, se hubiera aceptado hace sólo 10 0 15 años, la nueva zona urbana comercial, residencial y deportiva de 7 Palmas hoy no estaría dentro de la actuación de Guaguas Municipales.
10. El propio y altísimo interés que tiene Global en firmar este documento, con múltiples visitas a distintas autoridades municipales e insulares, expresando claramente su apoyo al mismo y la urgencia que hace de su planteamiento, debe hacer pensar a Guaguas Municipales que esta actitud de la otra operadora no se corresponde ilusamente con la idea de “dar mejor servicio a los ciudadanos” sino más bien con la de incrementar sus líneas de penetración en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en definitiva de tener que preguntarse serenamente lo siguiente. ¿Qué gana Guaguas Municipales con este documento?
11. Si este documento se firma tal como está redactado, es seguro que por parte de colectivos vecinales de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que hoy sus desplazamientos en guaguas son realizados por Guaguas Municipales y que pasarían a serlo por la otra operadora, manifestarían mediante protestas públicas su disconformidad con tal medida.
12. Entre los trabajadores de Guaguas Municipales existen, desde hace mucho tiempo, la sospecha de lo que en lenguaje llano podría expresarse en esta frase: “Global quiere quedarse con Guaguas” incrementadas cada vez que (antes Salcai y ahora Global) penetraba en la ciudad con sus vehículos. También la propia historia y devenir de Salcai, Utinsa y Guaguas y la especial fusión entre Salcai y Utinsa, aumenta más estos temores. El documento del que se informa vendría a ampliar dichos temores y es seguro que por parte de los representantes de los trabajadores se rechace.
13. Nuestra empresa está incursa en estos momentos en un estudio de “Diagnosis de la situación de Guaguas Municipales” en la que se determinarán las causas de su situación empresarial y se avanzará algunas propuestas de soluciones y de futuro. A este estudio de diagnosis le debe seguir un Plan de Empresa multianual en el que se contemple, basado en una encuesta origen-destino de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de su área metropolitana, la nueva configuración de los servicios urbanos y la posibilidad de la implantación de un sistema de BRT (“Bus Rapit Transit”) que se llamará Guagua Express. Por ello es de prudencia necesaria no firmar acuerdos con otras empresas que signifiquen cambios en sus zonas de servicios o en su red de líneas.
14. Por último, estamos en el compromiso de que todas las redes de transporte colectivo de viajeros deben coordinarse y llegar a los acuerdos necesarios para el mejor servicio a los habitantes de Gran Canaria, pero deben ser tomadas todos estos acuerdos y medidas desde el respeto y lealtad entre las empresas actuantes.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de diciembre de 2007.


Fdo. Ricardo Ramírez

AMPLIACIÓN AL INFORME SOBRE EL DOCUMENTO DE “ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INSULAR INTEGRADO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA – OCTUBRE DE 2005”

Con fecha 10 de diciembre de 2007, se me hace llegar un nuevo documento titulado “PROYECTO DE COORDINACIÓN LÍNEAS-TARIFAS EN EL DISTRITO VIII-IX” como nueva versión actualizada del anterior “ACUERDO PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE INSULAR INTEGRADO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA – OCTUBRE DE 2005”, por lo que este informe es una ampliación del emitido con fecha 3 de diciembre del presente año.
Las opiniones y datos del informe del 3 de diciembre quedan confirmados y ratificados después de leer este nuevo documento, salvo en su punto 4 cuando se dice que no se “aporta ningún estudio ni dato objetivo de oferta y demanda y de índole económica” ya que en el nuevo sí incluyen algunos datos de líneas, viajeros y económicos, de los que se informará en este escrito junto con las siguientes observaciones:

1. El cambio de nombre de “Acuerdo para el desarrollo del Transporte Insular Integrado en la Isla de Gran Canaria” a “Proyecto de coordinación Líneas-Tarifas en el Distrito VIII-IX” viene a confirmar lo dicho en el apartado 1 del primer informe donde se dice textualmente “El enunciado del documento no se corresponde con lo en él desarrollado. No es un estudio para “el desarrollo del transporte insular integrado en la Isla de Gran Canaria” sino algunas medidas a tomar que pudieran formar parte un estudio de esas características”. Es decir, son, en todo caso, algunas medidas de coordinación entre empresas y no un documento de la enjundia de un acuerdo de transporte insular. Se añade a este comentario el que parece ser que el título del segundo informe se ha realizado con cierto apresuramiento puesto que no se trata de UN distrito VIII-IX sino de DOS distritos, el VIII y el IX y además ni siquiera se dice de dónde son esos distritos, que, obviamente, pertenecen a Las Palmas de Gran Canaria.
2. Se retiran del primer documento párrafos enteros sobre los intercambiadores, transbordos etc. y se incluyen obligaciones por ambas empresas y con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que se subvencione a la operadora privada por viajes de jubilados. También es significativo que se retire todo lo referente al apartado VI del primer informe donde se menciona la tarjeta insular, cuando Guaguas Municipales tiene en vías jurídicas la reclamación dineraria contra Global.

3. Se añade un plano de lo que denominan “malla urbana” que ellos han decidido y demarcado, que en realidad es lo que podríamos llamar una reserva exclusiva para Global de parte del término municipal, sobre todo de su potencial crecimiento futuro y se constriñe a Guaguas Municipales dentro de esa trama urbana, sin ninguna posibilidad de atender a todos los ciudadanos de esta Capital por igual y con imposibilidad de acceder a esas zonas urbanas ahora y en las expectativas de crecimiento urbano.
4. Se llega a la paradoja de que por “legalizar” las líneas de penetración de esa operadora privada (que nunca ni ella ni autoridad alguna han compensado a Guaguas Municipales por la pérdida de viajeros que ha supuesto estas penetraciones) nuestra Empresa, por tener alguna línea coincidente con esas penetraciones, está obligada a suprimir, como es la línea 60. En todo caso y por los técnicos correspondientes de Guaguas Municipales, debería revisarse con extremo cuidado todas las líneas de penetración y sus itinerarios descritos, no vaya a ser que pudiéramos encontrarnos con nuevos recorridos que quisieran legalizar mediante este acuerdo.
5. En cuanto al apartado 5 de este documento sobre “Acuerdos para unificar las tarifas interurbanas a las Urbanas” la solución que ofrece Global es de aparente generosidad: dice que “se compromete a subvencionar por un periodo de cuatro años el diferencial de tarifa” pero inmediatamente obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a “incorporar a sus presupuestos una partida presupuestaria la compra de tarjetas magnéticas de 10 viajes a Global”. En la página 40 de este documento, Cuadro Resumen, determinan estas aportaciones, detallando en una tabla, que para el ejercicio de 2007 Global aportaría a la unificación tarifaria la cantidad de 812.858€ y así las cantidades para los años de 2008(609.664€), 2009(406.429€) y 2010(203.215€) para un total importe de 2.032.146 (que no aparece sumado en esa tabla). En cuanto a la aportación anual del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la unificación y por Viajeros Jubilados la cantidad de 1.202.894€. Es dudoso un documento que no recoja con ítems y formulaciones iguales las cantidades a que se obligan... Es decir, debería estar en este documento (y siempre a salvo de que la aportación de Global sean ciertos) con claridad meridiana las aportaciones y obligaciones de ambas. Pues si sumamos las cantidades a aportar por Global en el periodo 2007 a 2010 el importe total es de 2.032.146€ mientras que el importe por año que debería aportar el Ayuntamiento para el mismo periodo plurianual de 2007 a 2010 es de 1.202.894€ cada uno de las 4 años de este periodo, con un total de 4.811.576€, lo que representa un saldo favorable a la operadora privada de 2.769.430€ o lo que es lo mismo, Global ganaría, generosamente, 692.358€ euros cada año
6. Resulta al menos curioso que los datos que supuestamente aporta Guaguas Municipales y que están reflejados en este nuevo documento, sean los viajeros “reales” es decir los viajeros efectivamente transportados y no los calculados y que correspondan al periodo de los años 2005 y 2006 cuando “oficialmente” solo se daban los datos de los viajeros “calculados” y no de los reales. Deberíamos admitir entonces, y esto es una prueba evidente, de que nuestra Empresa no daba los datos de viajeros reales a las distintas instituciones (a las que estaba obligada y además recibía de ellas subvenciones) y si a esta operadora privada.
7. Con estos datos reales, el total de viajeros con el carnet de jubilados y para las líneas propias (la 7, 46 48 y 60) y para el periodo de 1 de agosto de 2005 a 31 de julio de 2006 es de 79.407. Y la estimación que hace la operadora privada es de un total de 1.498 jubilados y calculan que sólo el 15% del total realizan 2 viajes diarios. Pero para establecer las aportaciones que debe entregar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por viajeros jubilados lo calculan de la siguiente forma:
8. 1.498 jubilados por 2 viajes al días total 2.996 viajes al día por 365 días al año igual a 1.093.540 viajeros jubilados por 1,10€ viaje total 1.202.894€.
9. Este importe es desde todo punto de vista descabellado, valgan 2 datos para reforzar esta aseveración: el total de jubilados transportados en el periodo agosto 2005 a fin de julio de 2006 es de 1.656.949 para el conjunto de todas las líneas de Guaguas Municipales y en este acuerdo para las pocas líneas afectadas aseguran que transportarán 1.093.540 viajeros jubilados, el 66% del total. El otro dato es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para todos los estudiantes y jubilados y para todo el año aporta un total máximo de 3.000.000 de euros, lo que hace difícil aceptar que 1.202.894€ de esta cantidad (un 40,10%) se entregue a la operadora privada en concepto de aportación anual para la unificación tarifaria por viajeros jubilados.
10. La desmesura de esta propuesta de acuerdo queda claramente reflejada en que si para 1.093.540 viajeros se debe subvencionar a Global con 1,10€ por viajero, eso significaría que si Guaguas Municipales tiene aproximadamente 34 millones de viajeros transportados, si recibiera esa subvención 1,10€ por viajero, con total anual de 37,4 millones de euros, no sólo equilibraría su cuenta de resultados sino que obtendría beneficios.

Para finalizar, en mi opinión Guaguas Municipales debería rechazar de plano tal acuerdo, ya no solo por razones técnicas y de futuro, sino incluso por razones de dignidad empresarial.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de diciembre de 2007.


Ricardo Ramírez.

jueves, 13 de marzo de 2008

GUAGUAS MUNICIPALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE UN CONDUCTOR

En las últimas semanas, se han publicado varios trabajos relativos a la situación de Guaguas Municipales. Todos muy técnicos y de una valía fuera de toda duda.
El presente trabajo, es el fruto de la experiencia diaria de un conductor, que creo puede ser suscrito por la mayoria de los mismos.
Es el punto de vista de los conductores, sin tecnicismos, sin datos macroeconómicos, simplemente el día a día de nuestro trabajo, con la única referencia de la Ley de Tráfico y sus Reglamentos.


TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES PERMANENTES DE USO GENERAL.
Tienen el carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración, debiendo ser admitidos a su utilización todas aquellas personas que lo deseen y cumplan las condiciones reglamentarias establecidas.
Estas condiciones son las siguientes:

- Que no se sobrepasen las plazas ofrecidas.

- Que se abone el precio establecido para el servicio

- Que se reúnan las condiciones mínimas de sanidad, salubridad e higiene necesarias, en evitación de cualquier riesgo o incomodidad para los restantes usuarios.

- Que no se porten objetos que por su volumen, composición u otras causas supongan peligro o incomodidad para los otros viajeros o el vehículo.

- Que no se alteren las normas elementales de educación y convivencia.

- Las demás que se determinen por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes

NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

a) Por parte de los usuarios

Según el artículo 11 del Reglamento General de Circulación, en los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas se prohibe a los viajeros:

a) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.
b) Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.
c) Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.
d) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al transito de personas.
e) Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúa de esta prohibición, siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompañados de perros especialmente adiestrados como lazarillos.
f) Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la regulación específica sobre la materia.
g) Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del vehículo.

Además, según el Real Decreto 192/1988, de 4 de Marzo, sobre limitaciones en el uso del tabaco, se prohibe fumar en todos los vehículos de transporte colectivo urbano e interurbano en los que se admitan viajeros sin ocupar asiento.

Con un optimismo algo ingenuo, dispone el Reglamento General de Circulación que los conductores o encargados deben impedir la entrada en los vehículos u obligar a descender de estos a los viajeros que desobedezcan los preceptos mencionados.
Lo mas probable es que, llegado el caso, los conductores y encargados tengan que recabar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad.

b) Por parte del personal

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Circulación, el conductor deberá efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo mas cerca posible del borde derecho de la calzada y se abstendrá de realizar acto alguno que le pueda distraer durante la marcha; el conductor y, en su caso, el encargado, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas, velarán por la seguridad de los viajeros.

c) Por parte de la empresa

En los puntos de origen y termino de las líneas, y en los intermedios que por su importancia lo requieran, deberá haber una estación de viajeros o, en su caso, unas instalaciones propias de las empresas debidamente autorizadas, destinadas a despacho de billetes y facturación de equipajes, con exclusión de todo otro servicio, donde los viajeros puedan esperar la salida de los vehículos, y en las que estarán expuestos los horarios y precios de los viajes y un gráfico de los itinerarios.

LOS TRANSPORTES URBANOS

Se consideran servicios de transportes urbanos aquellos que discurren íntegramente por el suelo urbano o urbanizable, definido de conformidad con la legislación urbanística o estén exclusivamente dedicados a comunicar entre sí núcleos diferentes situados dentro del mismo término municipal.
Los municipios son competentes con carácter general para la gestión y ordenación de los servicios urbanos de transporte que se lleven a cabo dentro de sus respectivos términos municipales.

GUAGUAS MUNICIPALES S.A.

Su Función es el transporte urbano público regular permanente de uso general en la ciudad de Las Palmas de gran Canaria y su término municipal.

Es obligación de un servicio de transporte público, urbano, colectivo de viajeros, trasladar a los mismos, dentro del ámbito de su competencia, con la mayor Seguridad, Rapidez, comodidad y economía posible.

La coordinación de estos cuatro factores, encierra una gran complejidad, debido al necesario equilibrio que hay a guardar entre ellos, ya que cualquier cambio en uno de ellos afecta a los demás. Por otra parte el elevado número de usuarios que utilizan de forma simultánea las vías públicas, hace que se produzcan importantes choques de intereses, intereses que tienen que ser regulados por las Leyes, reglamentos y ordenanzas, que regulan la Circulación, de forma , que atendiendo especialmente a la seguridad y la fluidez, se distribuyan lo mas equitativamente posible los espacios disponibles, tanto para la circulación de todo tipo de usuarios como para las paradas y estacionamientos.

A continuación analizamos cada uno de los factores antes mencionados.

La Seguridad:
Para lograrla, es cierto que la Administración debe actuar intentando conseguir mejores vías y mejores vehículos y evitar que, dentro de lo posible, se produzcan accidentes. Para ello establece las normas que considera más oportunas e interviene en todos aquellos aspectos que estima conveniente para que la circulación se realice con la máxima seguridad posible. Pero estas medidas no serán suficientes si no se inculca en los conductores:

-Un profundo conocimiento de las normas y señales reguladoras de la circulación, especialmente de aquellas que más incidencia tienen en la seguridad (Velocidad adecuada, adelantamientos, preferencias, etc.), y de las reglas que permiten el más adecuado manejo y utilización del vehículo.
-Una concienciación del adecuado mantenimiento de su vehículo y de respeto y observancia a las reglas que regulan las inspecciones técnicas periódicas.
-Una adecuación de su conducción a las características de las vías por las que circula, para lograr que sea capaz de mantener una conducta segura aun en circunstancias desfavorables, ya procedan de su deficiente trazado o conservación o de las condiciones meteorológicas o ambientales adversas.

La Fluidez:
El conseguir que el tráfico sea fluido, es decir, que los vehículos se desplacen a una velocidad suficiente, requiere la utilización de vehículos y vías que permitan desarrollar esa velocidad con seguridad, por lo que es necesario el establecimiento de normas encaminadas a la consecución de este fin para conciliar la fluidez con la máxima seguridad posible. Este principio exige rapidez, velocidad, pero caería en el caos más absoluto sin la presencia de la seguridad.

Para conseguir este objetivo, los conductores deben tener bien inculcado:

-Un profundo conocimiento de las normas y señales encaminadas a regular el mejor aprovechamiento de la vía (posición en la calzada, utilización de carriles, disciplina de carril, velocidad adaptada a las circunstancias del tráfico, etc.)

-Una concienciación del tipo de vehículo que conducen y de la necesidad de colaborar con los demás usuarios, permitiendo y facilitando el paso de otros vehículos más rápidos.

-Un espíritu de colaboración que permita el disfrute de la vía por todos los usuarios. Las vías están hechas para todos y todos tienen el derecho a utilizarlas, por lo que, en lo posible, se deben facilitar las incorporaciones en el convencimiento de que el derecho de preferencia no es absoluto.

-Un espíritu de cortesía, que implica un comportamiento respetuoso, comedido y considerado para los demás y exige no responder a las provocaciones ajenas con otros comportamientos igualmente desconsiderados.

Es necesario hacer de la vía, como antes se ha indicado, un lugar de convivencia y colaboración entre todos los usuarios de la misma; colaboración y convivencia que implican, entre otras actitudes, por una parte, no molestar, y, por otra, comprender.

El conductor, el usuario de las vías en definitiva, ha de mentalizarse de que no debe molestar, de que tiene que respetar para ser respetado.

En la conducción también es necesaria una gran capacidad para comprender
a los demás. Ello exige comprender y disculpar los errores ajenos, sin irritarse o dejarse llevar del mal genio. Los errores ajenos no pueden servir para justificar los propios, que han de ser evitados concentrándose en la conducción, ni para adoptar un comportamiento agresivo que puede ser de funestas consecuencias.

La comodidad:
Un tráfico seguro y fluido es, en principio, un tráfico cómodo. Puede aumentarse, por tanto, la comodidad mejorando los vehículos a utilizar, las vías por las que aquellos se desplazan, y aumentando la preparación y formación de los conductores.
Con independencia de la influencia que en este concepto tengan las propias vías o vehículos, los conductores deben tener muy en cuenta:
· Un adecuado manejo de los mandos del vehículo que permita una conducción suave y uniforme.
· La adecuada posición con respecto a los mandos, reglaje de los asientos, forma de sentarse, colocación de los mandos y los pies, etc.

La economía.
La necesidad imperiosa de ahorrar combustible, por ser un bien escaso, agotable y caro, impone el establecimiento de normas y medidas encaminadas a la consecución de este fin. También la formación de los conductores puede incidir en este aspecto, adquiriendo los conocimientos necesarios y la técnica de conducción correcta para evitar, por ejemplo, una mayor resistencia al aire, acelerones innecesarios, etc.

ESTAS SON A GRANDES RASGOS LAS CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA CIRCULACIÓN Y POR TANTO LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE PERSONAS, PERO COMO SUELE SUCEDER, DEL DICHO AL HECHO VA UN BUÉN TRECHO, EN ESTE CASO, DE LO ESCRITO A LO HECHO VA UN GRAN ABISMO.

A continuación trataré de exponer la realidad del Transporte colectivo urbano en Las Palmas de Gran Canaria, tomando como referencia lo anteriormente expuesto y que es lo establecido por las distintas Leyes que regulan la actividad.

Todos los Organismos, colectivos, individuos, etc. Que intervienen en la circulación tienen una parte de responsabilidad en que esta se desarrolle de la mejor forma posible. En nuestro caso, los responsables de que nuestra actividad se realice con las debidas garantías y con un grado de eficacia aceptable, son los siguientes:

· LA ADMINISTRACIÓN
· LA EMPRESA
· LOS CONDUCTORES
· LOS VIAJEROS
· LOS DEMÁS USUARIOS DE LAS VÍAS

LA ADMINISTRACIÓN:

Tiene una doble responsabilidad con respecto al tráfico, por una parte la obligación de dotar a los ciudadanos, a través del Parlamento, de las Leyes, reglamentos, etc. precisos para que la circulación se pueda realizar en las condiciones mas óptimas posibles. Por otra parte, tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir dichas Leyes. En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en su término Municipal, tal responsabilidad recae sobre las Autoridades Municipales.
Desde hace bastantes años, las distintas Corporaciones, han venido haciendo dejación de esta obligación, propiciando, que el tráfico se convierta, cada día mas, en un verdadero caos.
A la desidia de los responsables políticos le ha seguido por inercia el pasotismo de las fuerzas de seguridad encargadas del control de la circulación.
Las infracciones contra las normas que regulan la velocidad, adelantamientos, preferencias de paso, posición en la calzada, utilización de los carriles, disciplina de carril, incorporaciones a la circulación o a las vías, paradas, estacionamientos, etc. son violadas sistemáticamente, sin que produzcan ninguna reacción en los agentes, que muchas veces las presencian, lo que a su vez, produce en los infractores un sentimiento de impunidad, y lo que es mas grave, provoca la falsa creencia de que lo que hacen es correcto, ya que no se les sanciona, ni siquiera se les corrige. La entrada, circulación y salida de las glorietas, es sencillamente demencial, siendo verdaderamente milagroso, que a diario no se produzcan cientos de accidentes.
Las infracciones cometidas por estos motivos, se pueden contar por cientos de miles diarias, mientras que las denuncias son prácticamente inexistentes, siendo las pocas que se realizan, generalmente relativas a malos estacionamientos y no siempre aplicadas a aquellos estacionamientos que mas obstaculizan o ponen en peligro la circulación.

Si la actitud ante la circulación en general es de total abandono, ante el servicio de transporte público colectivo de viajeros y hacia LAS DECENAS DE MILES DE CIUDADANOS que a diario lo utilizan es del mas absoluto de los desprecios.

· Terminales y paradas inadecuadas, sin la señalización debida, sin protección, sin espacios suficientes, viéndose los conductores “ obligados “ continuamente a realizar maniobras peligrosas, tales como marcha atrás sin las garantías necesarias, subir a las aceras, pegar las guaguas unas a otras peligrosamente, pasar rozando las marquesinas. Todo ello para hacer posible la realización del servicio. A pesar de esto, la Dirección de la Empresa, no duda en expedientarnos y sancionarnos si de ello se deriva un accidente.
· Carriles Bus escasos, estrechos, mal señalizados, sin vigilancia, peligrosos, utilizados impunemente por todo aquel que se le antoja para toda clase de actividades, tales como parar, estacionar, carga y descarga, circular incluso en sentido contrario, Etc.
· Rutas inapropiadas, sin vigilancia, estrechas, constantemente obstruidas con bloqueos continuos del servicio, lugares donde nos vemos obligados a hacer maniobras en condiciones antirreglamentarias, como dar marcha atrás sin las debidas garantías, invadir el carril de sentido contrario en curvas sin visibilidad, circular por las aceras, rebasar líneas continuas, cortar trayectoria de otros vehículos para poder entrar en ciertas paradas. Etc.
· Vehículos parados o estacionados constantemente en las paradas de la guagua, incluso en aquellas de mayor importancia, San Telmo, estación depuradora del Teatro, casa del C., mercado del Puerto en sentido norte-sur, Corte Inglés, etc.
· Taxis estacionados en doble fila en espera de tener espacio libre en su parada, típico en Mesa y López, tanto junto al Ambulatorio, como junto al Corte Inglés( Antigua Galerías). Especialmente en las horas punta, creando un grave problema de seguridad y fluidez, especialmente a las guaguas, que debido a su gran tamaño tienen grandes dificultades para rebasar dicho obstáculo
· Taxis que utilizan las paradas de guaguas para parar y estacionar, justo al lado de sus paradas, que reservan escrupulosamente para el fin destinado, su negocio.
· Incumplimiento sistemático, continuo, permanente, contumaz, por parte del resto de los conductores de los artículos 73 del Reglamento General de Circulación de 15 de Junio de 1992 y del 27 de la Ordenanza Municipal de Circulación de Las Palmas de Gran Canaria de 25 de Marzo de 1994, que establecen la obligación de ceder el paso en vías urbanas a los vehículos de transporte colectivo de viajeros a la salida de estos de las paradas debidamente señalizadas. La dejación por parte de la Autoridad competente y de sus agentes en este caso, es tal, que a pesar de repetirse esta infracción miles de veces cada día, me atrevería a asegurar, que a pesar de la vigencia desde hace 16 y 14 años respectivamente de ambas Leyes, no existe en los archivos Municipales correspondientes, una sola denuncia por este motivo.
· Inexistencia de un número adecuado de agentes de la Policía Municipal dedicados exclusivamente a la atención de tan importante servicio público, que como ya he dicho , es utilizado por mas de100.000 usuarios cada día, 35.000.0000 de viajeros al año, y que para nuestros Administradores Municipales no merecen la dedicación de una simple pareja de Policías.
· Se Crean falsas expectativas intentando hacer creer a usuarios y trabajadores, que la realización de ciertas obras o la adopción de ciertos adelantos técnicos van a solucionar los problemas del tráfico. La circunvalación, el control por satélite, así como los tramos de la autovía en su momento, son ayudas de gran valor, pero en ningún caso la solución al problema.

LA EMPRESA:

La Dirección de Guaguas Municipales peca de los siguientes defectos:

· Una Dirección totalmente atada de pies y manos, que se ve obligada a realizar su importante misión, sin poseer los medios necesarios de control sobre el espacio donde se realiza su actividad y sin que sus requerimientos de solución, sean atendidos por las Autoridades correspondientes.
· Un Dirección, en ocasiones desconocedora de las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Etc. que regulan la circulación, lo cual hace difícil, por no decir imposible, el llevar adecuadamente una empresa de transporte de viajeros, al estar esta actividad totalmente regulada por dichas leyes.
· Falta de mandos intermedios( Inspectores ), que auxilien a los conductores en circunstancias de necesidad y que realicen las funciones de control propias de su cargo.
· Se ignora la gran responsabilidad que tienen los conductores, como responsables que son ante las leyes, de la seguridad de los viajeros, de los demás usuarios de la vía, del vehículo que conducen y de los daños ajenos que su actuación pudiera provocar. La Empresa, lejos de poner todos los medios a su alcance para aminorar este problema, no exige con la debida energía a la Autoridad Municipal que se corrijan las situaciones de peligro que son de su competencia. Hace la vista gorda ante actuaciones Municipales incorrectas o peligrosas. Presiona a los conductores imponiendo horarios, que saben imposibles de cumplir, lo que enfrenta a los usuarios con los conductores. De forma un tanto sibilina, se presiona a los conductores para que circulen a velocidades superiores a las adecuadas, poniendo horarios muy ajustados, haciendo comparaciones entre unos y otros conductores, etc. Olvidando que es cada conductor, el que atendiendo a las distintas circunstancias del tráfico, de la señalización, climatológicas, del vehículo, del momento y lugar y de sus propias condiciones personales, puede decidir cual es la velocidad adecuada en cada momento.
· Falta de cursos de reciclaje adaptados a las características especiales de la actividad que desarrollamos, mientras se pierde el tiempo y el dinero en cursos de atención al cliente, aptos para cualquier actividad comercial, pero no para un transporte colectivo de viajeros, actividad, en la que la necesidad de garantizar la seguridad limita drásticamente los derechos de los viajeros, al tiempo que otorga al conductor una autoridad inexistente en cualquier otro servicio público.
· Algunos mandos intermedios, dan ordenes ilegales a los conductores, porque creen erróneamente, que pueden alterar las normas y señales de la circulación, potestad privativa de los Agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de regulación de la circulación y bajo la responsabilidad de estos.
· Con relativa frecuencia no se trasmite a la Policía Local los requerimientos de los conductores, sobre vehículos mal estacionados que dificultan gravemente el paso de las guaguas, Art.91 al 94 del R.G.de C., o aun trasmitiéndose, estos no actúan en la esperanza de que el conductor resolverá el problema bajo su propia responsabilidad y asumiendo el riesgo correspondiente. Esto hace que estas situaciones se eternicen, dándose el caso de conductores reincidentes, que se apoderan de una esquina determinada o de un trozo de vía de forma indefinida con la mayor impunidad. Desde hace bastantes años, se ha puesto de moda, utilizar la vía pública como lugar de exposición permanente para la venta de vehículos de ocasión, pudiéndose detectar este hecho a lo largo y ancho de la Ciudad. Estos vehículos además de ocupar espacios de aparcamientos en zonas de alta demanda, tales como: Mesa y López, alrededores del Hospital Dr. Negrín, Avenida de Felo Monzón y otras muchas. Con mucha frecuencia lo hacen de forma antirreglamentaria, impidiendo la visibilidad de los pasos de peatones, dificultando seriamente el giro de los demás vehículos, especialmente de las guaguas y todo ello con la mayor impunidad.
· En ocasiones parece, que lo importante, no es la eficacia del servicio, puntualidad, frecuencia de paso, regularidad, sino que los conductores den un número determinado de viajes, número que cambia según de que jefe de tráfico se trate, según el criterio que el que mas viajes saca, es el mejor. No importa, que a causa de ello, en momentos determinados, vayan 5 guaguas de una determinada línea pegadas una tras otra, y que en otros momentos pasen 25, 30 y hasta 60 minutos, o mas, sin pasar ninguna.
· No existe la mas mínima coordinación entre los distintos Jefes de Tráfico, de forma que cada uno atiende, como mejor puede su terminal, sin tener en cuenta lo que sucede en la contraria

LOS CONDUCTORES:

· Es absolutamente necesaria la realización de cursos de reciclaje específicos, sobre temas tales como Ley de transportes, Ley de Tráfico, derechos y obligaciones de los viajeros, actuación en caso de accidentes y todos aquellos que se consideren oportunos, de forma que se compense la perdida de conocimientos derivada del olvido de los conocimientos adquiridos en el momento de obtener el permiso de conducir y el desconocimiento de los cambios acaecidos, sobre todo en los últimos años, en los que en realidad se ha confeccionado un nuevo “Código”.

· Desconocimiento, en ocasiones, del tipo de vehículo que conducimos, o de algunas de sus características, debido a la alta variedad de marcas y modelos y a los continuos cambios de vehículo.
· Los representantes de los trabajadores participan de las mismas carencias, por lo que difícilmente pueden defender a unos trabajadores, si desconocen las normas que regulan su actividad, los derechos y obligaciones de los mismos, las responsabilidades que sobre ellos recaen, las condiciones en las que se realiza su trabajo, etc.

LOS VIAJEROS:

· Falta de educación vial.
· Desconocimiento de sus derechos y obligaciones.
· Malas costumbres, adquiridas de épocas anteriores, que les hacen creer, que tienen derechos inexistentes e incluso sobre aspectos prohibidos por las leyes.

EL RESTO DE LOS USUARIOS DE LAS VÍAS:

· Desconocimiento de las normas y señales del tráfico.
· Falta de colaboración con los demás usuarios, especialmente con la guaguas.
· Los conductores no facilitan la salida desde las paradas señalizadas, por el contrario, hacen todo lo posible por impedirlo, aumentan la velocidad, hacen sonar la bocina, insultan al conductor de la guagua, le amenazan y en ocasiones le agreden.
· Los peatones invaden la calzada en cualquier lugar y de forma antirreglamentaria, poniéndose en peligro y poniendo en peligro a los viajeros de la guagua a la que obligan a frenar, así como a los ocupantes de los vehículos que le siguen.

Por lo anteriormente expuesto, los conductores de Guaguas Municipales S.A., nos encontramos en una situación de máximo estrés, deprimidos, desanimados, afectados en nuestra estabilidad laboral y económica, temerosos de que en cualquier momento el mas mínimo error, que el cualquier otra actividad es solo un error humano, pero que en el nuestro puede suponer una imprudencia o una negligencia temeraria, nos haga perder el trabajo, parte de nuestros ingresos o ambos a la vez, el permiso de conducir, los puntos e incluso, con los últimos cambios del Código Penal, hasta la libertad.

Como se puede observar el panorama es desolador, pero afortunadamente tiene solución y la misma consiste en que por parte de los responsables, se cumpla y se haga cumplir las Leyes. Leyes, que afortunadamente, en nuestro País, son modernas, democráticas, tolerantes hasta el máximo nivel posible, por lo tanto, lo que queda se tiene que cumplir escrupulosamente, para que la convivencia sea posible.

Durante el último año y en los próximos meses se han producido o se producirán una serie de hechos, que consideramos de vital importancia para el futuro del transporte colectivo de viajeros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos hechos son los siguientes:

1. La constitución de una nueva Corporación Municipal, la que en el breve periodo transcurrido desde su toma de posesión, ha demostrado unas ganas de solucionar problemas desconocidos hasta ahora.
2. La renovación del comité de Empresa de Guaguas , con la incorporación al mismo de personas de talante negociador y con ganas de trabajar por los legítimos intereses de los trabajadores.
3. La negociación del convenio colectivo.

Por ello, creemos, que ha llegado el momento de acometer una reestructuración integral del transporte urbano de la ciudad de las Palmas de G.C., con el fín de conseguir el transporte que sus ciudadanos merecen, y ello con la colaboración de todos los implicados.



Las Palmas de Gran Canaria Febrero de 2008


Fdo
Antonio Ramirez Montesdeoca

martes, 11 de marzo de 2008

REFORMA DE LA LEY DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TEXTO INTEGRO

A pesar del tamaño del texto, reproducimos el mismo en su totalidad, dada su importancia y el interés mostrado por muchos compañeros.


Jefatura del Estado (BOE n. 291 de 5/12/2007)
LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
Rango: Ley
Páginas: 50186 - 50200
Referencia: 2007/20910
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TEXTO
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
PREÁMBULO
En el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, que, a su vez, trae causa de la Declaración para el Diálogo Social firmada por los mismos interlocutores el 8 de julio de 2004, se incluyen una serie de compromisos que implican modificaciones en normas con rango de Ley.
Tomando como referencia las prioridades marcadas por el Pacto de Toledo en su renovación parlamentaria de 2003, se reafirma la necesidad de mantener y reforzar determinados principios básicos en los que se asienta el sistema de la Seguridad Social como objetivo para garantizar la eficacia del mismo y el perfeccionamiento de los niveles de bienestar del conjunto de los ciudadanos. Así, se avanza en la plasmación del principio de solidaridad y garantía de suficiencia mediante la paulatina mejora y extensión de la intensidad protectora, así como en el reforzamiento de la unidad de caja. También se intensifica la contributividad del sistema, avanzando en una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones obtenidas, evitando al mismo tiempo situaciones de falta de equidad en el reconocimiento de estas últimas. Asimismo, se progresa en el camino ya iniciado de favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, sin olvidar tampoco la necesidad de paliar las consecuencias negativas experimentadas por los trabajadores de más edad expulsados prematuramente del mercado laboral. Finalmente, es de destacar también el propósito de modernización del sistema al abordar las situaciones creadas por las nuevas realidades familiares. Todo ello en el contexto de las exigencias que se derivan de la situación sociodemográfica, de la que resaltan circunstancias tales como el envejecimiento de la población, la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo y el fenómeno de la inmigración, así como de los criterios armonizadores hacia los que se apunta en el ámbito de la Unión Europea, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
La finalidad de esta Ley viene constituida por la necesidad de dar el adecuado soporte normativo a buena parte de los compromisos relativos a acción protectora incluidos en el referido Acuerdo y que afectan, sustancialmente, a incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación y supervivencia.
En materia de incapacidad temporal, y a efectos de coordinar las actuaciones de los Servicios de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y evitar la inseguridad jurídica que provoca la disparidad de diagnósticos de una y otra instancia, se establece un procedimiento mediante el cual el interesado pueda expresar su disconformidad ante la inspección médica con respecto al alta médica formulada por la Entidad gestora, determinándose los plazos concretos en que se han de pronunciar las partes implicadas y los criterios a seguir en caso de discrepancia, garantizándose en todo caso la continuidad de la protección del interesado hasta la resolución administrativa final con la que se culmine el procedimiento. Por otra parte, en los casos de agotamiento del período máximo de duración de la incapacidad temporal, la situación de incapacidad permanente revisable en el plazo de seis meses, que en la actualidad se genera, es sustituida por una nueva situación en la que la calificación de la incapacidad permanente se retrasará por el período preciso, hasta un máximo de veinticuatro meses, prorrogándose hasta entonces los efectos de la incapacidad temporal.
Con relación a la incapacidad permanente, de una parte se flexibiliza el período mínimo de cotización exigido a los trabajadores más jóvenes. Por otra parte, se modifica la forma de cálculo del importe de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, para aproximarla a la establecida para la pensión de jubilación, y también la del complemento de gran invalidez, desvinculándolo del importe de la pensión de incapacidad permanente absoluta.
Por lo que se refiere a la jubilación, y con el fin de incrementar la correlación entre cotizaciones y prestaciones, se establece que, para acreditar el período mínimo de cotización actualmente exigido para acceder al derecho a la pensión, se computarán únicamente los días efectivos de cotización y no los correspondientes a las pagas extraordinarias. Con respecto a la edad de jubilación se prevé la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en relación con nuevas categorías de trabajadores, previa realización de los correspondientes estudios de todo orden, con modificación de las cotizaciones, y sin que la edad de acceso a la jubilación pueda situarse en menos de 52 años. En relación con quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación se establece la percepción de una cantidad a tanto alzado, cuando el pensionista tenga derecho a la pensión máxima, o de un porcentaje adicional sobre la base reguladora de la pensión, cuando no se alcance dicha cuantía máxima. Se prevén medidas de mejora de las pensiones de quienes las causaron anticipadamente como consecuencia de un despido antes de 1 de enero de 2002, así como la consideración como involuntaria de la extinción de la relación laboral cuando ésta se produzca en el marco de expedientes de regulación de empleo.
Con respecto a la modalidad de jubilación parcial se supedita el acceso a la misma, como regla general, al cumplimiento de 61 años de edad, a que el trabajador tenga una antigüedad de 6 años en la empresa y a que acredite un período de cotización de 30 años, y ello con el fin de garantizar que esta clase de jubilación se avenga mejor a los objetivos que con ella se pretenden obtener. Se establecen, asimismo, ajustes en los porcentajes de reducción máxima y mínima de la jornada habitual de trabajo del trabajador que pasa a la jubilación parcial, así como la necesidad de que la base de cotización del trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de aquella por la que venía cotizando el trabajador que pasa a la jubilación parcial.
En materia de supervivencia, las mayores novedades atañen a la pensión de viudedad y, dentro de ésta, a su otorgamiento en los supuestos de parejas de hecho que, además de los requisitos actualmente establecidos para las situaciones de matrimonio, acrediten una convivencia estable y notoria durante al menos cinco años, así como dependencia económica del conviviente sobreviviente en un porcentaje variable en función de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. También se introducen modificaciones en las condiciones de acceso a la pensión de viudedad en caso de matrimonio. En los supuestos excepcionales en los que el fallecimiento del causante esté ocasionado por una enfermedad común y no existan hijos comunes, se exige un período reducido de convivencia matrimonial y, de no acreditarse el mismo, se concederá una prestación temporal de viudedad. El acceso a la pensión de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinción por el fallecimiento del causante de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil. Si, mediando divorcio, existiera concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, se garantiza el 40 por ciento de la base reguladora a favor del cónyuge sobreviviente o de quien, sin ser cónyuge, conviviera con el causante y cumpliera los requisitos establecidos. Asimismo, se prevé la posibilidad de que la suma de las pensiones de orfandad y de viudedad pueda rebasar el importe de la base reguladora del causante cuando el porcentaje aplicable para el cálculo de la pensión de viudedad sea del 70 por ciento, con el fin de que la aplicación de éste último no vaya en detrimento de la cuantía de las pensiones de orfandad. Finalmente, la equiparación de las parejas de hecho a las matrimoniales lleva a extender el tratamiento seguido para la viudedad también con respecto al auxilio por defunción y a las indemnizaciones a tanto alzado en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La ausencia de una regulación jurídica de carácter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acción protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situación, intentando con ello una aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial. No obstante, habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad.
En último término, se introducen asimismo otras modificaciones que afectan a la concatenación de las prestaciones de incapacidad temporal y de desempleo, para que cuando aquélla derive de una contingencia profesional, y durante su percepción se extinga el contrato de trabajo, el interesado siga percibiéndola hasta el alta médica sin consumir período de prestación por desempleo si después pudiera pasar a esta situación; a la cotización a favor de los perceptores de subsidio por desempleo mayores de 52 años por la contingencia de jubilación, que se realizará sobre una base más alta; y al futuro establecimiento de complementos por mínimos en favor de los pensionistas de incapacidad permanente total cualificada menores de 60 años.
Artículo 1. Incapacidad temporal.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
Uno. El apartado 1 del artículo 128 queda redactado del siguiente modo:
«1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:
a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.
Agotado el plazo de duración de doce meses previsto en el párrafo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de seis meses más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, a los efectos previstos en los párrafos siguientes. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de incapacidad temporal cuando aquélla se produzca en un plazo de seis meses posterior a la antes citada alta médica por la misma o similar patología, con los efectos previstos en los párrafos siguientes.
En los casos de alta médica a que se refiere el párrafo anterior, frente a la resolución recaída podrá el interesado, en el plazo máximo de cuatro días naturales, manifestar su disconformidad ante la inspección médica del servicio público de salud, la cual, si discrepara del criterio de la entidad gestora, tendrá la facultad de proponer, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de la decisión de aquélla, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.
Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en el plazo de los once días naturales siguientes a la fecha de la resolución, adquirirá plenos efectos la mencionada alta médica. Durante el período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal.
Si, en el aludido plazo máximo, la inspección médica hubiera manifestado su discrepancia con la resolución de la entidad gestora, ésta se pronunciará expresamente en el transcurso de los siete días naturales siguientes, notificando la correspondiente resolución al interesado, que será también comunicada a la inspección médica. Si la entidad gestora, en función de la propuesta formulada, reconsiderara el alta médica, se reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión, para lo cual aportará las pruebas complementarias que fundamenten aquélla, sólo se prorrogará la situación de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.
En el desarrollo reglamentario de este artículo, se regulará la forma de efectuar las comunicaciones previstas en el mismo, así como la obligación de poner en conocimiento de las empresas las decisiones que se adopten y que les afecten.
b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.»
Dos. El apartado 2 del artículo 131 bis queda redactado en los siguientes términos:
«2. Cuando la situación de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo de dieciocho meses fijado en el párrafo primero de la letra a) del apartado 1 del artículo 128, se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, ésta podrá retrasarse por el período preciso, que en ningún caso podrá rebasar los veinticuatro meses siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal.
Durante los períodos previstos en este apartado no subsistirá la obligación de cotizar.»
Artículo 2. Incapacidad permanente.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
Uno. El apartado 2 del artículo 138 queda redactado del siguiente modo:
«2. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el período mínimo de cotización exigible será:
a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión.
b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los veinte años y el día en que se hubiese producido el hecho causante, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.
En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de los diez años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, la quinta parte del período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la obligación de cotizar.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en los apartados 1, 2 y 4 del artículo 140.
En el caso de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, el período mínimo de cotización exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.»
Dos. Se añade un último párrafo en el apartado 2 del artículo 139 con la siguiente redacción:
«La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común no podrá resultar inferior al 55 por ciento de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento.»
Tres. Los apartados 4 y 5 del artículo 139 quedan redactados del siguiente modo:
«4. Si el trabajador fuese calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia según lo establecido en los apartados anteriores, incrementándose su cuantía con un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda. El importe de dicho complemento será equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente. En ningún caso el complemento señalado podrá tener un importe inferior al 45 por ciento de la pensión percibida, sin el complemento, por el trabajador.
5. En los casos en que el trabajador, con sesenta y cinco o más años, acceda a la pensión de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación, la cuantía de la pensión de incapacidad permanente será equivalente al resultado de aplicar a la correspondiente base reguladora el porcentaje que corresponda al período mínimo de cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de jubilación. Cuando la incapacidad permanente derive de enfermedad común, se considerará como base reguladora el resultado de aplicar únicamente lo establecido en la norma a) del apartado 1 del artículo 140.»
Cuatro. Los apartados 1 y 3 del artículo 140 quedan redactados del siguiente modo:
«1. La base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común se determinará de conformidad con las siguientes normas:
a) Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante.
El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final de las mismas.
1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquél en que se produzca el hecho causante se computarán en su valor nominal.
2.ª Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice de precios al consumo desde los meses a que aquéllas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases no actualizables a que se refiere la regla anterior.
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Siendo:
Br = Base reguladora.
Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al del hecho causante.
Ii = Índice General de Precios al Consumo del mes-iésimo anterior al del hecho causante.
Siendo i = 1, 2,..., 96.
b) Al resultado obtenido en razón a lo establecido en la norma anterior se le aplicará el porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala prevista en el apartado 1 del artículo 163, considerándose a tal efecto como cotizados los años que le resten al interesado, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad de 65 años. En el caso de no alcanzarse 15 años de cotización, el porcentaje aplicable será del 50 por ciento.
El importe resultante constituirá la base reguladora a la que, para obtener la cuantía de la pensión que corresponda, habrá de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de incapacidad reconocido.»
«3. Respecto a las pensiones de incapacidad absoluta o gran invalidez derivadas de accidente no laboral a que se refiere el apartado 3 del artículo 138, para el cómputo de su base reguladora, se aplicarán las reglas previstas en la norma a) del apartado 1 del presente artículo.»
Cinco. Se incorpora una nueva disposición transitoria, la decimosexta, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria decimosexta. Base reguladora de la pensión de incapacidad permanente que provenga de incapacidad temporal.
Para la determinación de la cuantía de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común y que provenga de un proceso de incapacidad temporal que se haya iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, serán de aplicación las normas vigentes antes de la indicada fecha.»
Artículo 3. Jubilación.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
Uno. La letra b) del apartado 1 del artículo 161 queda redactada del siguiente modo:
«b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.
En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de alta o asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años a que se refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido en el apartado 1 del artículo 162.»
Dos. Se suprimen los apartados 2 y 3 del artículo 161, pasando sus actuales apartados 4, 5 y 6 a ser, respectivamente, los apartados 2, 3 y 4.
Tres. Se incorpora un nuevo artículo 161 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 161 bis Jubilación anticipada.
1. La edad mínima a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.
De igual modo, la edad mínima a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo anterior podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento en los términos contenidos en el correspondiente Real Decreto acordado a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en los que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas.
La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a la de 52 años.
Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el apartado 2 del artículo 163, a la jubilación regulada en la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera y a cualquier otra modalidad de jubilación anticipada.
2. Podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los sesenta y un años de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, se computará como cotizado a la Seguridad Social, el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1.
Los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serán exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligación adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilación, haya abonado al trabajador tras la extinción del contrato de trabajo, y en los dos años inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilación anticipada, una cantidad que, en cómputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestación por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantía que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este apartado, la pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir los sesenta y cinco años, de los siguientes coeficientes:
1.º Entre treinta y treinta y cuatro años de cotización acreditados: 7,5 por ciento.
2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años de cotización acreditados: 7 por ciento.
3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años de cotización acreditados: 6,5 por ciento.
4.º Con cuarenta o más años de cotización acreditados: 6 por ciento.
Para el cómputo de los años de cotización se tomarán años completos, sin que se equipare a un año la fracción del mismo.»
Cuatro. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 163 en los siguientes términos:
«2. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a los 65 años, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido en el artículo 161.1.b), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional consistente en un 2 por ciento por cada año completo transcurrido entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión. Dicho porcentaje se elevará al 3 por ciento cuando el interesado hubiera acreditado al menos cuarenta años de cotización al cumplir 65 años.
El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se sumará al que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite establecido en el artículo 47.
En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo sólo parcialmente, el interesado tendrá derecho, además, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo de la base de cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual.
El beneficio establecido en este apartado no será de aplicación en los supuestos de jubilación parcial ni de la jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 165».
Cinco. Se da nueva redacción a la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, en los siguientes términos:
«2.ª Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por ciento por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artículo 161.
En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado anterior, y acreditando treinta o más años de cotización, soliciten la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, en función de los años de cotización acreditados, el siguiente:
1.º Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de cotización: 7 por ciento.
3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 por ciento.
4.º Con cuarenta o más años acreditados de cotización: 6 por ciento.
A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo razón objetiva que la impida, decida poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 208.1.1.
Asimismo, para el cómputo de los años de cotización se tomarán años completos, sin que se equipare a un año la fracción del mismo.
Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los párrafos anteriores de la presente regla 2.ª, quien podrá en razón del carácter voluntario o forzoso del acceso a la jubilación adecuar las condiciones señaladas para los mismos.»
Seis. Se da nueva redacción a la disposición transitoria cuarta, en los siguientes términos:
«Disposición transitoria cuarta. Aplicación paulatina del período mínimo de cotización para el acceso a la pensión de jubilación.
El período mínimo de cotización establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 161 se aplicará de forma gradual, por períodos de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante los seis primeros meses se exigirán 4.700 días.
Durante el segundo semestre se exigirán 4.777 días.
Durante el tercer semestre se exigirán 4.854 días.
Durante el cuarto semestre se exigirán 4.931 días.
Durante el quinto semestre se exigirán 5.008 días.
Durante el sexto semestre se exigirán 5.085 días.
Durante el séptimo semestre se exigirán 5.162 días.
Durante el octavo semestre se exigirán 5.239 días.
Durante el noveno semestre se exigirán 5.316 días.
Durante el décimo semestre se exigirán 5.393 días.
A partir del sexto año se exigirán 5.475 días.
No obstante, en el supuesto de los trabajadores que durante todo el año inmediatamente anterior a la fecha del hecho causante hubieran estado contratados a tiempo parcial, el periodo transitorio previsto en el párrafo anterior se incrementará en proporción inversa al porcentaje de jornada realizada en dicho periodo. A estos efectos, el número de días en que ha de incrementarse, en cada caso, el periodo mínimo de cotización exigido en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, se reajustará por periodos semestrales en función de la ampliación del periodo transitorio.»
Artículo 4. Jubilación parcial.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 166 quedan redactados del siguiente modo:
«1. Los trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo de un 75 por ciento, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo en los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido la edad de 61 años, o de 60 si se trata de los trabajadores a que se refiere la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.
b) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 75 por ciento, o del 85 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida y se acrediten, en el momento del hecho causante, seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización a la Seguridad Social, computados ambos en los términos previstos en las letras b) y d). Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
d) Acreditar un período previo de cotización de 30 años, sin que, a estos efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.
e) Que, en los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, exista una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de la base por la que venía cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial. Reglamentariamente se desarrollarán los requerimientos específicos del trabajo para considerar que el puesto de trabajo del trabajador relevista no pueda ser el mismo o uno similar al que venía desarrollando el jubilado parcial.
f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación parcial tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco años.»
Dos. Se incorpora una nueva disposición transitoria, la decimoséptima, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria decimoséptima. Normas transitorias sobre jubilación parcial.
1. La exigencia del requisito de 61 años de edad a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artículo 166 se llevará a cabo de forma gradual, en función de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante el primer año, 60 años.
Durante el segundo año, 60 años y 2 meses.
Durante el tercer año, 60 años y 4 meses.
Durante el cuarto año, 60 años y 6 meses.
Durante el quinto año, 60 años y 8 meses.
Durante el sexto año, 60 años y 10 meses.
A partir del séptimo año, 61 años.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si en el momento del hecho causante se acreditaran seis años de antigüedad en la empresa y 30 años de cotización a la Seguridad Social, computados ambos en los términos previstos en las letras b) y d) del artículo 166.2, se podrá acceder, hasta el 31 de diciembre de 2012, a la jubilación parcial a partir de los 60 años de edad y con una reducción máxima del 85 por ciento de la jornada, a condición de que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duración indefinida.
2. El requisito de 6 años de antigüedad mínima a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 166 será exigido de forma gradual, en función de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, en los siguientes términos:
Durante el primer año, 2 años.
Durante el segundo año, 3 años.
Durante el tercer año, 4 años.
Durante el cuarto año, 5 años.
A partir del quinto año, 6 años.
3. El límite de la reducción máxima de jornada del 75 por ciento a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 166 se implantará de forma gradual, en función de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante el primer año, el 85 por ciento.
Durante el segundo año, el 82 por ciento.
Durante el tercer año, el 80 por ciento.
Durante el cuarto año, el 78 por ciento.
A partir del quinto año, el 75 por ciento.
4. El período de 30 años de cotización establecido en la letra d) del apartado 2 del artículo 166 será exigido de forma gradual, en función de los años transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante el primer año, 18 años.
Durante el segundo año, 21 años.
Durante el tercer año, 24 años.
Durante el cuarto año, 27 años.
A partir del quinto año, 30 años.
5. El régimen jurídico de la jubilación parcial vigente en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social podrá seguir aplicándose a los trabajadores afectados por los compromisos adoptados con anterioridad a esta fecha, mediante Convenios y acuerdos colectivos. La referida normativa regirá, en estos supuestos, hasta que finalice la vigencia de los mencionados compromisos y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2009.»
Artículo 5. Muerte y supervivencia.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio:
Uno. El apartado 1 del artículo 171 queda redactado del siguiente modo:
«1. En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, se otorgarán, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:
a) Un auxilio por defunción.
b) Una pensión vitalicia de viudedad.
c) Una prestación temporal de viudedad.
d) Una pensión de orfandad.
e) Una pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares.»
Dos. El artículo 173 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 173. Auxilio por defunción.
El fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado 3 del artículo 174, hijos y parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente.»
Tres. El artículo 174 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 174. Pensión de viudedad.
1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cónyuge, éste, si al fallecer se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que se cause aquélla desde una situación de alta o de asimilada al alta, sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.
También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años.
En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara un período de convivencia con el causante, en los términos establecidos en el párrafo cuarto del apartado 3, que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.
2. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. El derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedará condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil, ésta quedara extinguida por el fallecimiento del causante.
Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los términos a que se refiere el apartado siguiente.
En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en el párrafo anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.
3. Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el apartado 1 de este artículo, tendrá asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.
No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente por cada hijo común, con derecho a la pensión de orfandad que conviva con el sobreviviente.
Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mínimos de pensiones.
A efectos de lo establecido en este apartado, se considerará pareja de hecho la constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años. La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
En las comunidades autónomas con Derecho Civil propio, cumpliéndose el requisito de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, la consideración de pareja de hecho y su acreditación se llevará a cabo conforme a lo que establezca su legislación específica.
4. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artículo, el derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado anterior, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.»
Cuatro. Se incorpora un nuevo artículo 174 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 174 bis Prestación temporal de viudedad.
Cuando el cónyuge superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes y reúna el resto de requisitos enumerados en el apartado 1 del artículo 174, tendrá derecho a una prestación temporal en cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una duración de dos años.»
Cinco. El apartado 1 del artículo 175 queda redactado en los términos siguientes:
«1. Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, al fallecer el causante, sean menores de dieciocho años o estén incapacitados para el trabajo, y que aquél se encontrase en alta o en situación asimilada al alta. Será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad lo previsto en el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 174 de esta Ley».
Seis. El apartado 2 del artículo 175 queda redactado en los siguientes términos:
«2. En los casos en que el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena o, cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante, aquél fuera menor de 22 años, o de 24 si no sobreviviera ninguno de los dos padres o el huérfano presentara una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.
En el caso de orfandad absoluta, si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 24 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso académico».
Siete. El apartado 1 del artículo 177 queda redactado del siguiente modo:
«1. En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado 3 del artículo 174 y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en los Reglamentos generales de esta Ley.
En los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del artículo 174.»
Ocho. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 179 en los siguientes términos:
1. Se suprime el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 179.
2. Se añade un último párrafo en el apartado 4 del artículo 179 con la siguiente redacción:
«Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en este apartado, el límite establecido podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cálculo de ésta última sea del 70 por ciento, si bien, en ningún caso, la suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48 por ciento de la base reguladora que corresponda.»
Nueve. Se suprime la disposición transitoria novena de la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Asignaciones familiares por hijo a cargo.
El párrafo segundo de la letra a) del artículo 181 de la Ley General de la Seguridad Social queda redactado en los términos siguientes:
«El causante no perderá la condición de hijo o de menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual.»
Artículo 7. Cotización durante la percepción del subsidio por desempleo para mayores de 52 años.
Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:
«4. A efectos de determinar la cotización en los supuestos señalados en los apartados anteriores, se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento. No obstante, cuando corresponda cotizar por la contingencia de jubilación y el beneficiario sea mayor de 52 años, se tomará como base de cotización el 125 por ciento del citado tope mínimo.»
Artículo 8. Incapacidad temporal y desempleo.
Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 222 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:
«1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 208 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por desempleo contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma en la fecha de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En tal caso, se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo.
La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuará las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 206, asumiendo en este caso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad permanente o jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a prestaciones de muerte y supervivencia.
Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y durante la misma se extinga su contrato de trabajo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal, en cuantía igual a la que tuviera reconocida, hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces, en su caso, a la situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 208, y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación por desempleo sin que, en este caso, proceda descontar del período de percepción de la misma el tiempo que hubiera permanecido en situación de incapacidad temporal tras la extinción del contrato, o el subsidio por desempleo.»
Artículo 9. Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales.
Se da nueva redacción a la disposición adicional octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes términos:
«Disposición adicional octava. Normas de desarrollo y aplicación a Regímenes Especiales.
1. Será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los artículos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1.b), 2 y 3; 161 bis, apartado 1; 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo párrafo; y 179. Igualmente serán de aplicación las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el capítulo IX del título II; las disposiciones adicionales séptima bis y cuadragésima tercera y las disposiciones transitorias cuarta, párrafo primero, quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa la aplicación a los regímenes especiales de lo previsto en el artículo 138 en el último párrafo de su apartado 2, así como lo regulado por su apartado 5.
2. En el Régimen Especial de la Minería del Carbón, y para los trabajadores por cuenta ajena de los Regímenes Especiales Agrario y de Trabajadores del Mar, será también de aplicación lo previsto en el artículo 140, apartado 4, y 162, apartado 1.2.
3. Lo previsto en el apartado 2 del artículo 161 bis será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los Regímenes Especiales de la Minería del Carbón y de Trabajadores del Mar.
4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 y en las disposiciones transitorias cuarta, segundo párrafo y decimoséptima será aplicable, en su caso, a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales. Lo previsto en los artículos 112 bis y 162.6 será igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regímenes especiales con excepción de los incluidos en los Regímenes Especiales Agrario y de Empleados de Hogar. Asimismo, lo dispuesto en los artículos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 resultará de aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar, Agrario y de Trabajadores Autónomos, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
5. Lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 139 será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.»
Disposición adicional primera. Importe mínimo para las pensiones de incapacidad permanente total.
En el cuadro de cuantías mínimas anuales de las pensiones de modalidad contributiva que se recoja en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se establecerán importes mínimos para las pensiones de incapacidad permanente total en los supuestos a que se refiere el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 139 para beneficiarios que tengan una edad inferior a 60 años.
Disposición adicional segunda. Coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Se incorpora una nueva disposición adicional en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional cuadragésima quinta. Coeficientes reductores de la edad de jubilación.
A efectos de lo previsto en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 161 bis, se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, en el que se prevea la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación, que sólo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero.»
Disposición adicional tercera. Pensión de viudedad en supuestos especiales.
Con carácter excepcional, se reconocerá derecho a la pensión de viudedad cuando, habiéndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte del causante, reuniendo éste los requisitos de alta y cotización a que se refiere el apartado 1 del artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no se hubiera podido causar derecho a pensión de viudedad.
b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho en los términos establecidos en el primer inciso, párrafo cuarto, artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacción dada por el artículo 5 de la presente Ley, con el causante, durante, al menos, los seis años anteriores al fallecimiento de éste.
c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.
d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensión contributiva de la Seguridad Social.
e) Para acceder a la pensión regulada en la presente disposición, la correspondiente solicitud deberá ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. La pensión reconocida tendrá efectos económicos desde el día primero de 2007, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición.
Disposición adicional cuarta. Mejora de las pensiones de jubilación anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002.
1. Los trabajadores que, con anterioridad a 1 de enero de 2002, hubieran causado derecho a pensión de jubilación anticipada al amparo de lo previsto en la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o de las normas concordantes de los regímenes especiales que integran el sistema de la Seguridad Social, cuando la edad que en cada caso se hubiera tenido en cuenta para la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores hubiera estado comprendida entre los sesenta y los sesenta y cuatro años, ambos inclusive, tendrán derecho a una mejora de su pensión, con efectos desde 1 de enero de 2007, siempre que de la documentación obrante en la Administración de la Seguridad Social se deduzca que reúnen los siguientes requisitos:
a) Que se acreditan, al menos, treinta y cinco años de cotización.
b) Que la extinción del contrato de trabajo del que hubiera derivado el acceso a la jubilación anticipada se hubiera producido por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, comprendida entre los supuestos recogidos en el artículo 208.1.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. La mejora de la pensión consistirá en un incremento de su importe íntegro mensual, variable según la edad del trabajador tenida en cuenta para la determinación del coeficiente reductor del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión, conforme a los siguientes tramos:
Sesenta años, 63 euros mensuales.
Sesenta y un años, 54 euros mensuales.
Sesenta y dos años, 45 euros mensuales.
Sesenta y tres años, 36 euros mensuales.
Sesenta y cuatro años, 18 euros mensuales.
3. El importe correspondiente, que se abonará en catorce pagas, se reconocerá como variación de la cuantía de la pensión de jubilación y se integrará en la misma a todos los efectos, incluida la aplicación del límite al que se refiere el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sin perjuicio, en su caso, de la absorción del complemento por mínimos que se viniera percibiendo. Cuando se trate de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales, para fijar el importe del incremento mensual serán de aplicación las reglas establecidas en dichas normas sobre determinación y cálculo de la cuantía de las pensiones.
4. La Entidad Gestora reconocerá de oficio o a instancia de parte el derecho a la mejora regulada en la presente disposición en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con la información contenida en la base de datos de prestaciones de la Seguridad Social y en el fichero general de afiliación, que acreditarán, respectivamente, los años de cotización cumplidos y el carácter involuntario del cese en el trabajo.
Disposición adicional quinta. Prestaciones de orfandad.
1. En los supuestos de orfandad las prestaciones a percibir por los huérfanos se otorgarán en régimen de igualdad cualquiera que sea su filiación, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. El Gobierno, en los próximos ejercicios económicos, adoptará las medidas necesarias para que la cuantía mínima de la pensión de orfandad alcance, al menos, el 33 por ciento de la cuantía del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Disposición adicional sexta. Protección de trabajadores expuestos a enfermedades de carácter profesional.
El Gobierno modificará, en el plazo de un año, la normativa que regula la protección de los trabajadores, afectados por las mismas actividades profesionales, en los diferentes regímenes de la Seguridad Social, tendiendo a la homogeneización del nivel de protección dispensado.
Asimismo, se establecerán reducciones en la cotización a la Seguridad Social, correspondiente a los trabajadores afectados por enfermedades profesionales en un grado que no dé origen a prestación económica, que sean destinados a puestos de trabajo alternativos y compatibles con su estado de salud, con objeto de interrumpir la desfavorable evolución de su enfermedad.
Disposición adicional séptima. Aplicación de los mecanismos de jubilación anticipada y parcial en el ámbito de los empleados públicos.
En el plazo de un año, el Gobierno presentará un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, así como del personal de las Fuerzas Armadas y al servicio de la Administración de Justicia, que aborde la aplicación de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones en que esta aplicación no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social y la homogeneización, en términos equiparables, de los diferentes regímenes.
En dicho estudio se contemplará la realidad específica de los diferentes colectivos afectados, incluida la del personal al que le es de aplicación la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, tomando en consideración las singularidades que rodean al mismo, desde una perspectiva acorde con las prioridades y garantías que se señalan en el párrafo anterior.
Disposición adicional octava. Prolongación de la vida activa en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
A fin de que a los funcionarios públicos les sea plenamente de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el apartado Cuatro del artículo 3 de la presente Ley, así como los preceptos análogos respecto al Régimen de Clases Pasivas del Estado, y todo ello con su misma vigencia, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley desarrollando los términos de la prolongación de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el artículo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Disposición adicional novena. Asimilación de las personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.
A los efectos de la aplicación de la Ley General de la Seguridad Social, se entenderá que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.
Disposición adicional décima. Auxilio por defunción.
El auxilio por defunción se incrementará en un 50 por ciento en los próximos 5 años, a razón de un 10 por ciento anual. A partir de ese momento, en cada ejercicio, se actualizará el auxilio por defunción con arreglo al índice de precios al consumo.
Disposición adicional undécima. Apoyo a las familias de las personas con discapacidad.
El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados, en el plazo de un año, un estudio que analice globalmente las diferentes posibilidades para las familias de las personas en situación de discapacidad (patrimonio protegido, previsión social complementaria, convenio especial con la Administración de la Seguridad Social y beneficios fiscales) a fin de garantizar una renta suficiente para las personas discapacitadas que, por la naturaleza o gravedad de sus afecciones, no puedan realizar a lo largo de su vida una actividad profesional y se encuentren desprovistas de apoyo familiar.
Disposición adicional duodécima. Mejora de las rentas de las familias con menores ingresos.
A su vez, durante los próximos ejercicios presupuestarios, la mejora de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de las prestaciones económicas del nivel contributivo de la Seguridad Social y de las prestaciones del nivel no contributivo, garantizarán un refuerzo de las políticas de apoyo a las familias.
Disposición adicional decimotercera. Consideración de la familia numerosa.
Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 del artículo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, con la siguiente redacción:
«El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.»
Disposición adicional decimocuarta. Cómputo, por el sistema de la Seguridad Social, de períodos cotizados a los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
1. A efectos de las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes, se computarán los períodos cotizados por los trabajadores a alguno de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra, siempre que tales períodos no se superpongan a otros cotizados en el citado sistema, tanto para acreditar los períodos de carencia en cada caso exigidos para la adquisición del derecho a pensión, como para determinar, en su caso, el porcentaje por años de cotización para el cálculo de la misma. Cuando para el cálculo de la base reguladora de la correspondiente pensión hubieran de tomarse en cuenta períodos que sean objeto de dicho cómputo, la determinación de las bases de cotización a considerar se llevará a cabo, partiendo de las retribuciones reales de los trabajadores en esos períodos, aplicando las normas de cotización vigentes en cada momento en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, no se computarán en ningún caso los períodos cotizados a los expresados Montepíos cuando por los mismos, acumulados en su caso a otros, se haya reconocido derecho a pensión en tales Montepíos.
2. Lo establecido en la presente disposición será aplicable con carácter retroactivo, siendo revisables, a instancia de parte, los expedientes que en su día fueron resueltos por la correspondiente Entidad gestora de la Seguridad Social, si bien los efectos económicos de dichas revisiones sólo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha de la correspondiente solicitud.
3. El cómputo que se regula en los párrafos anteriores se realizará en tanto en cuanto por la Comunidad Foral de Navarra se proceda en igual sentido en relación con los períodos de cotización acreditados en el sistema de la Seguridad Social, en aplicación de lo previsto al respecto, a partir de la Ley Foral 13/1993, de 30 de diciembre, en las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra y en el artículo 30 de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.
La presente disposición no será de aplicación en relación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen Especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Disposición adicional decimoquinta. Relación laboral y de Seguridad Social de los artistas en espectáculos públicos.
El Gobierno procederá, en el plazo de un año, a la actualización de las normas que regulan la relación laboral de carácter especial de los artistas en espectáculos públicos y del régimen de Seguridad Social aplicable a los mismos, a fin de facilitar la generación de carreras de cotización con la menor intermitencia posible y de adecuar dichas normas a las nuevas modalidades de prestación de servicios.
Disposición adicional decimosexta. Régimen Especial de Trabajadores del Mar.
Se modifica el apartado b) del artículo 2 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos:
«b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos que realicen de forma habitual, personal y directa alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que la misma constituya su medio fundamental de vida y concurran las demás circunstancias que reglamentariamente se determinen respecto a cada una de dichas actividades:
1.º Los armadores de pequeñas embarcaciones que trabajen a bordo de ellas.
2.º Los que se dediquen a la extracción de productos del mar.
3.º Los rederos que no realicen sus faenas por cuenta de una empresa pesquera determinada.
Se presumirá que las anteriores actividades constituyen su medio fundamental de vida, a efectos de la inclusión en este Régimen Especial, siempre que de las mismas se obtengan ingresos para atender a sus propias necesidades o, en su caso, las de la unidad familiar, aun cuando con carácter ocasional o permanente realicen otros trabajos no específicamente marítimo-pesqueros determinantes o no de su inclusión en cualquier otro de los Regímenes del Sistema de la Seguridad Social.»
Disposición adicional decimoséptima. Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio:
Uno. El apartado 2 del artículo 20 queda redactado del siguiente modo:
«2. Cuando la situación de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo máximo establecido, se procederá al examen de la misma en los términos y plazos establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social al objeto de la correspondiente calificación del estado del funcionario como incapacitado con carácter permanente para las funciones propias de su Cuerpo o Escala y declaración de jubilación por incapacidad permanente para el servicio. En aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del funcionario con vistas a su reincorporación al servicio, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificación, y así se haya dictaminado en informe razonado sobre la capacidad o incapacidad del funcionario por el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su domicilio aquél, o por la Unidad de Valoración que resulte procedente de acuerdo con el Cuerpo o Escala del funcionario, dicha calificación podrá retrasarse por el período preciso, que en ningún caso podrá rebasar los veinticuatro meses siguientes desde la fecha en que se haya iniciado la situación de incapacidad temporal.»
Dos. El apartado 3 del artículo 21 queda redactado en los siguientes términos:
«3. El derecho al subsidio económico por incapacidad temporal, cualquiera que sea la situación que haya dado lugar al mismo, se entenderá, en todo caso, extinguido por el transcurso del plazo máximo de veinticuatro meses desde el inicio de la situación de incapacidad temporal.»
Tres. Se adiciona un nuevo apartado 2 al artículo 22, pasando su único párrafo a ser el apartado 1, en los siguientes términos:
«2. En las situaciones a que se refiere este artículo, los derechos económicos, en toda la duración de la licencia, serán los establecidos en el artículo 21 precedente con la particularidad de que la prestación económica equivalente al subsidio por incapacidad temporal consistirá en un subsidio a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en cuantía igual al 100 por ciento de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia.»
Disposición adicional decimoctava. Evaluación periódica del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitirá, antes del 30 de abril de cada año, un informe sobre evaluación y estrategia del sistema de pensiones que será remitido a las Cortes Generales. La Intervención General de la Seguridad Social documentará, en términos provisionales, la ejecución presupuestaria del ejercicio precedente, en un informe que acompañará al elaborado por el ministerio señalado.
Disposición adicional decimonovena. Procedimiento de revisión de altas en casos de incapacidad temporal.
Reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo de revisión, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a instancia del interesado, de las altas que expidan las entidades colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal.
Disposición adicional vigésima. Incentivos por la prolongación de la actividad.
A partir de la fecha del cumplimiento de los 65 años de edad y de la acreditación de 35 años de cotización a la Seguridad Social, los trabajadores, cuyos empresarios sean beneficiarios de las bonificaciones reguladas en el artículo 4.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, y que continúen en su puesto de trabajo, únicamente tendrán que cotizar la correspondiente aportación por la cotización a la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
Disposición adicional vigésima primera. Protección social de los investigadores.
Antes de 31 de diciembre de 2007, la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social realizarán una evaluación conjunta de la aplicación del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, en lo tocante a la incorporación al régimen de protección social del personal becario, y adoptarán las medidas necesarias para garantizar esta incorporación a los sectores del colectivo en los que se hayan manifestado mayores dificultades, tales como los becarios en el extranjero y los titulares de becas asociados a proyectos de investigación y becas de tipo «tecnológico», entre otros.
Disposición adicional vigésima segunda. Edad de jubilación del colectivo de bomberos.
El Gobierno presentará a la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, previo su análisis por la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, un informe sobre las medidas a adoptar para dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara, en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos.
Disposición adicional vigésima tercera. Protección social de los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica secularizados.
El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, un informe sobre medidas a adoptar en relación con los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia Católica secularizados que posibilite la mejora de los mecanismos de financiación del incremento de la pensión de jubilación, reconocido al amparo de la disposición adicional décima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Disposición adicional vigésima cuarta. Mejora de las pensiones de menor cuantía, a favor de las unidades familiares unipersonales.
Los perceptores de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social por las contingencias de jubilación, incapacidad permanente y viudedad, que formen una unidad económica unipersonal, y que tengan que hacer frente con su pensión al mantenimiento de un hogar, experimentarán durante los próximos cuatro años subidas adicionales de su complemento para mínimos, que les permitan alcanzar en ese periodo los niveles de renta mínimos necesarios para el sostenimiento de su hogar. En la adopción de esta medida se tendrán en cuenta los ingresos de que disponga el pensionista, así como el patrimonio, excluida su vivienda habitual.
La financiación del complemento a mínimos se realizará con cargo a la aportación de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social.
Disposición adicional vigésima quinta. Reforma integral de la pensión de viudedad.
El Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, elaborará un estudio que aborde la reforma integral de la pensión de viudedad.
Disposición adicional vigésima sexta. Trabajadores de agencias de aduanas afectados por la incorporación de España al Mercado Único Europeo.
Los trabajadores de agencias de aduanas que, afectados por la entrada en vigor del régimen de Mercado Único Europeo, se vieron privados de sus puestos de trabajo, podrán incorporarse a un convenio especial con la Seguridad Social, con objeto de tener garantizado que al llegar a la edad oficial de jubilación de 65 años tengan derecho a una pensión equivalente a la que hubieran percibido de continuar en activo.
Disposición adicional vigésima séptima. Revalorización de prestaciones familiares no contributivas.
A las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva contempladas en la Ley General de Seguridad Social les será de aplicación el criterio de revalorización establecido en el artículo 48 de dicha Ley.
Disposición adicional vigésima octava. Complemento para vivienda.
El Gobierno establecerá un complemento para vivienda, aplicable a las pensiones no contributivas de pensionistas que vivan solos y que, por carecer de vivienda habitual propia, deban pagar en régimen de alquiler su residencia habitual, en los términos que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado y sean desarrollados reglamentariamente. Estos complementos alcanzarán, en el plazo de cinco años, la cuantía necesaria para permitir que dichos pensionistas alcancen en renta disponible una situación equivalente a la que resulta por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Disposición adicional vigésima novena. Contratos de trabajo a tiempo parcial y contrato de relevo.
Uno. Se modifica la redacción del apartado 6 del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se incluye en dicho artículo un nuevo apartado 7, todo ello con la siguiente redacción:
«6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación parcial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de salario de entre un mínimo de un 25 por ciento y un máximo del 75, conforme al citado artículo 166, y la empresa deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente después de haber cumplido sesenta y cinco años.
La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 85 por ciento cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duración indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artículo 166.2.c) de la Ley General de la Seguridad Social.
La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribución serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial.
La relación laboral se extinguirá al producirse la jubilación total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas:
a) Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada.
b) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, la duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco años. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso, al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la jubilación total del trabajador relevado.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de haber cumplido sesenta y cinco años, la duración del contrato de relevo que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales, extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.
c) Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.
d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categoría equivalente.
En los supuestos en que, debido a los requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo que vaya a desarrollar el relevista no pueda ser el mismo o uno similar que el del jubilado parcial, deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización de ambos, en los términos previstos en el artículo 166.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social.
Reglamentariamente se desarrollarán los requerimientos específicos del trabajo para considerar que el puesto de trabajo del trabajador relevista no pueda ser el mismo o uno similar al que venía desarrollando el jubilado parcial.
e) En la negociación colectiva se podrán establecer medidas para impulsar la celebración de contratos de relevo.»
Dos. Se incluye una nueva disposición transitoria duodécima en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria duodécima. Régimen transitorio del contrato a tiempo parcial por jubilación parcial y del contrato de relevo.
El nuevo régimen legal del contrato a tiempo parcial por jubilación parcial y del contrato de relevo establecido en los apartados 6 y 7 del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción dada por la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, se aplicará gradualmente de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria decimoséptima de la Ley General de la Seguridad Social.»
Disposición adicional trigésima. Víctimas de violencia de género.
Se da nueva redacción al apartado 1, de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
«1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos.
En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate.»
Disposición adicional trigésima primera. Dispositivos de alerta en aparcamientos y garajes.
Las Administraciones públicas competentes procederán a desarrollar reglamentariamente la obligación de incorporar en los accesos a los aparcamientos y garajes dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de la entrada y salida a la vía pública de dichos establecimientos.
Disposición transitoria primera. Derechos transitorios derivados de la legislación precedente, sobre la prolongación de efectos económicos de la situación de incapacidad temporal en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Los funcionarios incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubieran superado el mes vigésimo primero posterior al inicio de la situación de incapacidad temporal, podrán seguir percibiendo el subsidio de incapacidad temporal, con cargo a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, hasta el mes vigésimo séptimo o trigésimo, ambos inclusive, según corresponda, siéndoles de aplicación, bien los artículos 20 y 21 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, en su redacción dada por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, bien la disposición transitoria sexta de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación.
Lo previsto en el párrafo tercero del apartado 1 del artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social no se aplicará a los trabajadores incluidos en los diferentes regímenes especiales que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilación, siendo de aplicación las reglas establecidas en la normativa anterior.
Disposición final primera. Carácter básico.
Esta Ley tiene el carácter de legislación básica en materia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la Constitución.
Disposición final segunda. Disposiciones de aplicación y desarrollo.
Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley.
Disposición final tercera. Eficacia en la aplicación de las modificaciones legales.
1. Las modificaciones en el régimen jurídico de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social introducidas por medio de la presente Ley, serán de aplicación únicamente en relación con los hechos causantes producidos a partir de la entrada en vigor de la misma, salvo en los supuestos a que se refiere el último párrafo del apartado 4 del artículo 179 y la disposición transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. A efectos de la aplicación del requisito a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 161 bis y el párrafo tercero de la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se considerará, en todo caso, que las jubilaciones anticipadas causadas entre 1 de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de la presente Ley motivadas por ceses en la relación laboral producidos en virtud de expedientes de regulación de empleo tienen carácter involuntario.
Las resoluciones denegatorias de las pensiones de jubilación anticipada así como las cuantías de las pensiones ya reconocidas se revisarán a instancia de los interesados.
3. Lo establecido en el apartado 2 del artículo 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en la redacción resultante de la disposición adicional decimoséptima de la presente Ley, retrotraerá sus efectos a la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Disposición final cuarta. Asunción de competencias en materia de incapacidad temporal.
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», determinará la fecha a partir de la cual se asumirán las funciones atribuidas en el artículo 128.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por los órganos a los que el mismo se refiere.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 87 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que queda redactado del siguiente modo:
«e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.»
Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 del mes siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo su disposición adicional cuarta que lo hará el día siguiente al de dicha publicación.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 4 de diciembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
Análisis
REFERENCIAS ANTERIORES
· MODIFICA
· Determinandos preceptos y AÑADE los arts. 161 bis, 174 bis y las disposiciones adicional 45 y transitorias 16 y 17 a la LEY General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio (Ref. 1994/14960)
· Art. 2 de la LEY 40/2003, de 18 de noviembre (Ref. 2003/21052)
· Art. 2.b) del DECRETO 2864/1974, de 30 de agosto (Ref. 1974/1625)
· Art. 20.2, 21.3 y 22 de la LEY sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2000, de 23 de junio (Ref. 2000/12140)
· Art. 12 y AÑADE una disposición transitoria 12 a la LEY del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo (Ref. 1995/7730)
· Disposición adicional 1.1 de la LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre (Ref. 2004/21760)
· Art. 87.1.e) de la LEY 7/2007, de 12 de abril (Ref. 2007/7788)
· SUPRIME la disposición transitoria 9 de la LEY 53/1984, de 26 de noviembre (Ref. 1985/151)
NOTAS
· Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 1 de enero de 2008.
· Suplemento en Lengua Catalana el 14 de diciembre de 2007.
MATERIAS
· CLASES PASIVAS
· CONTRATOS DE TRABAJO
· COTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL
· EMPLEADOS PUBLICOS
· FAMILIA
· FAMILIAS NUMEROSAS
· FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
· INCAPACIDADES LABORALES
· JUBILACION
· PENSIONES
· REGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
· REGIMENES ESPECIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
· SEGURIDAD SOCIAL
· TRABAJADORES
· VIOLENCIA DE GENERO
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
· Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 902 365 303
·