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domingo, 27 de enero de 2008

REFORMA DEL CODIGO PENAL EN MATERIA DE TRAFICO. TEXTO INTEGRO

20636 LEY ORGÁNICA 15/2007, de 30 de noviembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal en materiatolerable por la vía de la expresa previsión de excesos de velocidad que se han de tener por peligrosos o de niveles
de ingesta alcohólica que hayan de merecer la misma
consideración. A partir de esa estimación de fuente de
peligro se regulan diferentes grados de conducta injusta,
trazando un arco que va desde el peligro abstracto hasta
el perceptible desprecio por la vida de los demás, como
ya venía haciendo el Código. Las penas y consecuencias
se incrementan notablemente, en especial, en lo concerniente
a la privación del permiso de conducir, y a ello se
añade la no menos severa posibilidad de considerar instrumento
del delito al vehículo de motor o ciclomotor, en
orden a disponer su comiso.
Al igual que sucede en el derecho vigente, se ofrece
una específica regla para salvar el concurso de normas
cuando se hubiera ocasionado además del riesgo prevenido
un resultado lesivo. En tal caso se apreciará tan sólo
la infracción más gravemente penada, aplicando la pena
en su mitad superior y condenando, en todo caso, al
resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera
originado. La negativa a someterse a las pruebas legalmente
establecidas para detectar el grado de alcoholemia
o de impregnación tóxica, en cambio, pierde su innecesario
calificativo de delito de desobediencia y pasa a ser
autónomamente castigada.
Una criticada ausencia era la conducción de vehículos
por quienes hubieran sido privados, judicial o administrativamente,
del derecho a hacerlo por pérdida de vigencia
del mismo. Cierto que algunos casos podrían tenerse
como delitos de quebrantamiento de condena o de desobediencia,
pero no todos; por ello se ha considerado
más ágil y preciso reunir todas esas situaciones posibles
en un solo precepto sancionador.
La creación del Centro de Tratamiento de Denuncias
automatizadas, además de la práctica de la delegación con
una casuística muy variada, así como la necesidad de acortar
los plazos de tramitación de las sanciones, sin merma
de las garantías del sancionado, urge a llevar a cabo una
modificación del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial.
La modificación que se propone conlleva la supresión
del párrafo tercero de la Disposición Adicional cuarta de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, que es
la que atribuye a los Delegados y Subdelegados del
Gobierno la competencia para sancionar las infracciones
previstas en la Ley de Seguridad Vial.
La modificación de la Ley de Seguridad Vial se refiere
al artículo 68 sobre Competencias, para atribuir la competencia
sancionadora a los Jefes de Tráfico, previendo de
manera expresa la posibilidad de que éstos deleguen en
el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas
en las infracciones detectadas a través de
medios de captación y reproducción de imágenes que
permitan la identificación del vehículo.
Como consecuencia de la modificación anterior, se
modifica también el artículo 80, sobre Recursos, ya que,
con la nueva atribución de la competencia, el Director
General de Tráfico es el competente para resolver el
recurso de alzada contra las resoluciones sancionadoras
de los Jefes de Tráfico o del Director del Centro; así como
el artículo 82, sobre anotación y cancelación, para que la
anotación de las sanciones firmes graves y muy graves en
el Registro de conductores e infractores, se haga por el
órgano competente de la Jefatura Central de Tráfico, en
unos casos, por la Jefatura de Tráfico instructora del procedimiento
y, en otros, por el propio Centro.
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.
Primero. Se añade un último párrafo al artículo 47,
con la siguiente redacción:
«Cuando la pena impuesta lo fuere por un
tiempo superior a dos años comportará la pérdida
de vigencia del permiso o licencia que habilite para
la conducción o la tenencia y porte, respectivamente.
»
Segundo. Se modifica la rúbrica del Capítulo IV, del
Título XVII, del Libro II, que tendrá la siguiente redacción:
«De los delitos contra la Seguridad Vial».
Tercero. Se modifica el artículo 379, que queda
redactado como sigue:
«1. El que condujere un vehículo de motor o un
ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros
por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros
por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente,
será castigado con la pena de prisión de
tres a seis meses o a la de multa de seis a doce
meses y trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a
la de privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y
hasta cuatro años.
2. Con las mismas penas será castigado el que
condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En
todo caso será condenado con dichas penas el que
condujere con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por
litro.»
Cuarto. Se modifica el artículo 380, que queda redactado
como sigue:
«1. El que condujere un vehículo a motor o un
ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en
concreto peligro la vida o la integridad de las personas
será castigado con las penas de prisión de seis
meses a dos años y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior
a uno y hasta seis años.
2. A los efectos del presente precepto se reputará
manifiestamente temeraria la conducción en la
que concurrieren las circunstancias previstas en el
apartado primero y en el inciso segundo del apartado
segundo del artículo anterior.»
Quinto. Se modifica el artículo 381, que queda redactado
como sigue:
«1. Será castigado con las penas de prisión de
dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro
meses y privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores durante un período de seis a
diez años el que, con manifiesto desprecio por la
vida de los demás, realizare la conducta descrita en
el artículo anterior.
2. Cuando no se hubiere puesto en concreto
peligro la vida o la integridad de las personas, las
penas serán de prisión de uno a dos años, multa de
seis a doce meses y privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo
previsto en el párrafo anterior.
3. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en
los hechos previstos en el presente precepto se considerará
instrumento del delito a los efectos del
artículo 127 de este Código.»
Sexto. Se modifica el artículo 382, que queda redactado
como sigue:
«Cuando con los actos sancionados en los artículos
379, 380 y 381 se ocasionare, además del riesgo
prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito,
cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales
apreciarán tan sólo la infracción más gravemente
penada, aplicando la pena en su mitad superior
y condenando, en todo caso, al resarcimiento de
la responsabilidad civil que se hubiera originado.»
Séptimo. Se modifica el artículo 383, que queda
redactado como sigue:
«El conductor que, requerido por un agente de la
autoridad, se negare a someterse a las pruebas
legalmente establecidas para la comprobación de
las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a
que se refieren los artículos anteriores, será castigado
con la penas de prisión de seis meses a un año
y privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años.»
Octavo. Se modifica el artículo 384, que queda
redactado como sigue:
«El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor
en los casos de pérdida de vigencia del permiso
o licencia por pérdida total de los puntos asignados
legalmente, será castigado con la pena de
prisión de tres a seis meses o con la de multa de
doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de
la comunidad de treinta y uno a noventa días.
Las mismas penas se impondrán al que realizare
la conducción tras haber sido privado cautelar o
definitivamente del permiso o licencia por decisión
judicial y al que condujere un vehículo de motor o
ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o
licencia de conducción.»
Noveno. Se modifica el artículo 385, que queda
redactado como sigue:
«Será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro
meses y trabajos en beneficio de la comunidad
de diez a cuarenta días, el que originare un
grave riesgo para la circulación de alguna de las
siguientes formas:
1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles,
derramando sustancias deslizantes o inflamables
o mutando, sustrayendo o anulando la señalización
o por cualquier otro medio.
2.ª No restableciendo la seguridad de la vía,
cuando haya obligación de hacerlo.»
Disposición adicional. Revisión de la señalización vial y
de la normativa reguladora de los límites de velocidad.
El Gobierno impulsará, de acuerdo con las administraciones
competentes, una revisión de la señalización vial y
de la normativa reguladora de los límites de velocidad,
para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de
una mayor seguridad vial.
Disposición transitoria primera. Legislación aplicable.
1. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la
entrada en vigor de esta Ley se juzgarán conforme a la
legislación penal vigente en el momento de su comisión.
No obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que
entre en vigor, si las disposiciones de la misma son más
favorables para el reo, aunque los hechos hubieran sido
cometidos con anterioridad a su entrada en vigor.
2. Para la determinación de cuál sea la Ley más
favorable se tendrá en cuenta la pena que correspondería
al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas
del Código actual y de la reforma contenida en
esta Ley.
3. En todo caso será oído el reo.
Disposición transitoria segunda. Revisión de sentencias.
1. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito
de las competencias que le atribuye el artículo 98 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, podrá asignar a uno o varios
de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias
Provinciales dedicados en régimen de exclusividad a la
ejecución de sentencias penales la revisión de las sentencias
firmes dictadas antes de la vigencia de esta Ley.
Dichos Jueces o Tribunales procederán a revisar las
sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo
efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable
considerada taxativamente y no por el ejercicio del
arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se
considerará más favorable esta Ley cuando la duración de
la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias
sea también imponible con arreglo a esta reforma del
Código. Se exceptúa el supuesto en que esta Ley contenga
para el mismo hecho la previsión alternativa de una
pena no privativa de libertad; en tal caso, deberá revisarse
la sentencia.
2. No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento
de la pena esté suspendido, sin perjuicio de
hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes
de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida.
Igual regla se aplicará si el penado se encuentra en
período de libertad condicional.
Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo
a la redacción anterior de los artículos del Código y a
la presente reforma, corresponda, exclusivamente, pena
de multa.
3. No serán revisadas las sentencias en que la pena
esté ejecutada o suspendida, aunque se encuentren pendientes
de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así
corno las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el
Juez o Tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta
a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el
hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera
corresponderle una pena menor de la impuesta en su día,
conforme a esta Ley.
4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán
las sentencias cuando la pena resultante que se halle
cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en
un marco imponible inferior respecto a esta Ley.
Disposición transitoria tercera. Reglas de invocación
de la normativa aplicable en materia de recursos.
En las sentencias dictadas conforme a la legislación
que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes
de recurso, se observarán las siguientes reglas
a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes
podrán invocar y el Juez o Tribunal aplicará de oficio los
preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favorables
al reo.
b) Si se trata de un recurso de casación, aún no formalizado,
el recurrente podrá señalar las infracciones
legales basándose en los preceptos de la nueva Ley.
c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose,
se pasará de nuevo al recurrente, de oficio o
a instancia de parte, por el término de ocho días, para que
adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación
alegados a los preceptos de la nueva Ley, y del recurso así
modificado se instruirán las partes interesadas, el fiscal y
el magistrado ponente, continuando la tramitación conforme
a derecho.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el párrafo tercero de la disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.
Disposición final primera. Reforma del Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Uno. El artículo 68 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial queda redactado de la forma
siguiente:
«Artículo 68. Competencias.
1. La competencia para sancionar las infracciones
de lo dispuesto en la presente Ley corresponde
al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya
cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas
en el territorio de más de una provincia, la
competencia para su sanción corresponderá, en su
caso, al Jefe de Tráfico de la provincia en que la
infracción hubiera sido primeramente denunciada.
2. Los Jefes Provinciales podrán delegar esta
competencia en la medida y extensión que estimen
conveniente. En particular, podrán delegar en el
Director del Centro de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas la de las infracciones que hayan sido
detectadas a través de medios de captación y reproducción
de imágenes que permitan la identificación
del vehículo,
3. En las Comunidades Autónomas que tengan
transferidas competencias ejecutivas en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor, serán
competentes para sancionar los órganos designados
por sus respectivos Consejos de Gobierno.
4. La sanción por infracción de normas de circulación
cometida en vías urbanas corresponderá a los
respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta
facultad de acuerdo con la legislación aplicable.
5. Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos
competentes que correspondan, en caso de
Comunidades Autónomas que tengan transferidas
las competencias ejecutivas en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia
de los Alcaldes cuando, por razones justificadas
o por insuficiencia de los servicios municipales,
no pueda ser ejercida por éstos.
6. Las competencias municipales no comprenden
las infracciones de los preceptos del Titulo IV de
esta Ley ni las cometidas en travesías en tanto no
tengan el carácter de vías urbanas.
7. En los casos previstos en todos los apartados
anteriores de este artículo, la competencia para
imponer la suspensión del permiso o licencia de conducción
corresponde al Jefe Provincial de Tráfico.
8. La competencia para sancionar las infracciones
a que se refiere el artículo 52 de esta Ley corresponderá,
en todo caso, al Director General de Tráfico
o a su correspondiente en las Comunidades Autónomas
que tengan transferidas competencias ejecutivas
en materia de tráfico y circulación de vehículos
a motor, limitada al ámbito geográfico de la Comunidad
Autónoma.
9. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla,
las competencias que en los apartados anteriores se
atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráfico, corresponderán
a los Jefes Locales de Tráfico.»
Dos. El artículo 80 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial queda redactado de la
forma siguiente:
«Artículo 80. Recursos.
1. Contra las resoluciones de los expedientes
sancionadores que sean competencia de los Jefes
Provinciales y Locales de Tráfico podrá interponerse
dentro del plazo de un mes recurso de alzada ante el
Director General de Tráfico.
Las resoluciones de los recursos de alzada serán
recurribles ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo
en los términos previstos en su Ley
reguladora.
Transcurridos tres meses desde la interposición
del recurso de alzada sin que recaiga resolución, se
podrá entender desestimado, quedando expedita la
vía contencioso-administrativa.
2. Contra las resoluciones de los expedientes
sancionadores dictadas por los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas que tengan
transferidas competencias ejecutivas en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor, así como
las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las entidades
locales, se estará a lo establecido en la normativa
correspondiente.»
Tres. El artículo 82 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial queda redactado de la
forma siguiente:
«Artículo 82. Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves una vez sean
firmes en vía administrativa serán anotadas, por el
órgano competente de la Jefatura Central de Tráfico
que instruye el procedimiento, en el Registro de
conductores e infractores, el día de su firmeza.
Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por
los Alcaldes o por la autoridad competente de las
Comunidades Autónomas que tengan transferidas
competencias ejecutivas en materia de tráfico y circulación
de vehículos a motor, se comunicarán, para
su anotación en el Registro referido, en el plazo de
quince días siguientes a su firmeza.
Las autoridades judiciales comunicarán a la
Dirección General de Tráfico, en el plazo de quince
días siguientes a su firmeza, las sentencias que condenen
a la privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores, a efectos de su anotación en
el referido Registro.
Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos
de antecedentes, una vez transcurridos tres años
desde su total cumplimiento o prescripción.»
Disposición final segunda. Naturaleza de la Ley.
Tienen el carácter de Ley Orgánica todos los preceptos
de esta Ley, excepto la disposición adicional, la disposición
derogatoria única y la disposición final primera.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», salvo el párrafo segundo del artículo 384 del
Código Penal, recogido en el apartado octavo del
artículo único de esta Ley, que entrará en vigor el 1 de mayo
de 2008.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades,
que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.
Madrid, 30 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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